La Diputación de Valencia renovó el pasado viernes el convenio que mantiene con 16 colegios profesionales, cuyo principal objetivo es conseguir una acción coordinada entre la institución y los distintos colegios profesionales que permita que los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales con menor capacidad económica y de gestión puedan utilizar los servicios de estos técnicos especialistas. La institución provincial destina a este fin 1.600.000 euros anuales.
En palabras del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, “este servicio que prestan arquitectos, ingenieros, arqueólogos o técnicos medioambientales, entre otros profesionales, nos parece cada vez más esencial para esos municipios de menos de 5.000 habitantes que sin la Diputación no podrían avanzar”. “Lo único que tenemos claro es que no dejaremos de lado ni a los municipios ni a los colegios profesionales y que seguiremos prestando el servicio”, ha añadido Rodríguez en referencia al conflicto abierto con Inspección de Trabajo en relación al régimen laboral de estos técnicos.
«Hay que defender este convenio hasta el final»
Para la decana del COGITI Valencia, Angélica Gómez, «estamos hablando de un servicio que funciona bien, no solo para los ayuntamientos, porque los perjudicados son, al final, la gente de la calle, la gente del pueblo, los ciudadanos, que ahora mismo tiene esa incertidumbre de saber si pueden hacer o no una consulta técnica. El convenio es bueno, y hay que defenderlo hasta el final. Como ya expresé recientemente, el COGITI Valencia apoya a la Diputación de Valencia para cumpir con su misión de servicio a la sociedad».
La diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa Garcia, aprovechaba la firma de los convenios para reunirse con los responsables de los 16 colegios profesionales y exponerles la actualidad del conflicto con Inspección de Trabajo, que mantiene abiertos 187 procesos que acabaran en sentencia y que marcarán la futura concepción de un servicio que, según la diputada, “se ha venido desarrollando durante 31 años bajo esta fórmula de contratación de técnicos autónomos sin ningún tipo de problema”.
En ese tiempo, sólo hubo dos denuncias de Inspección de Trabajo, a los ayuntamientos de Caudete y Fuenterrobles, que se resolvieron de forma favorable a los ayuntamientos con sendas sentencias del TSJCV de 2009 y 2010, lo que «provocó que se siguiera empleando de buena fe esta fórmula del régimen de autónomos que prestan sus servicios en varios ayuntamientos un par de horas a la semana».
Conflicto con Inspección de Trabajo
Sin embargo, esta asistencia técnica que en 2016 solicitaron 173 ayuntamientos, 9 mancomunidades y un consorcio, y que conlleva la prestación de servicios de 493 técnicos en estos municipios, gracias a los convenios entre la Diputación y los colegios profesionales, se ha convertido de la noche a la mañana en un problema. «Somos la primera Diputación que en 32 años se encuentra con este problema», asegura Jorge Rodríguez, que pese a la curiosidad del tema apuesta por “seguir prestando el servicio y buscar un modelo alternativo si los tribunales consideran que debemos hacerlo”.
Cada ayuntamiento tiene acceso a solicitar los servicios de un máximo de tres técnicos especialistas, con los que se formalizan contratos de naturaleza administrativa que son costeados entre el propio colegio, los ayuntamientos y la Diputación, que transfiere su parte a los consistorios para que estos hagan efectivo el pago. Cada técnico viene a percibir por esta tarea en distintos ayuntamientos entre 4.000 y 6.000 euros más IVA anualmente.
En este sentido, la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa Garcia, ha explicado que “a la Diputación le da igual que estos técnicos sean contratados como autónomos o a través del Régimen General, como nos pide la Inspección de Trabajo, porque las subvenciones que da esta institución seguirán siendo las mismas”. Pero la diputada advierte que el cambio de modelo afectaría a los técnicos colegiados, porque “si son dados de alta en el Régimen General no podrían prestar sus servicios a más de un ayuntamiento, aunque fuera una hora a la semana”.
Por el momento, las cerca de 180 denuncias presentadas por Inspección de Trabajo se han traducido en tres sentencias de distintos juzgados, dos de las cuales han dado la razón a los ayuntamientos de Alborache y Yátova, considerando que los técnicos que prestan allí sus servicios son autónomos, y una tercera que considera que el abogado que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Potries mantiene una relación laboral con el Consistorio, que debería por tanto darlo de alta en el Régimen General.
Desde la Diputación no se acaba de entender este proceso que “va contra los ayuntamientos, que necesitan este tipo de asistencia no tanto para ellos como ente sino para resolver problemas que tienen sus ciudadanos y que por sí solos no pueden cubrir económicamente los ayuntamientos”. No obstante, y en espera de nuevas sentencias que pueden seguir resultando “contradictorias”, la Corporación ha ofrecido asistencia jurídica a estos consistorios y ayudará a aquellos con sentencias desfavorables que les puedan acarrear un perjuicio económico.
