Un agravio y un atropello. Así ven los alcaldes de los 187 municipios de menos de 5.000 habitantes la orden de la Inspección de Trabajo por la cual deberán incluir en sus plantillas fijas a los profesionales de perfiles técnicos que hasta ahora desempeñaban labores de asesoría como autónomos. Tampoco ha sentado muy bien la noticia entre los colegios profesionales, quienes suministraban a estos consistorios los técnicos que precisaban a través de convenios con la Diputación de Valencia. Unos acuerdos que llevan practicando unos 30 años.
El Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, por ejemplo, ve «totalmente inviable» que los consistorios de este tamaño puedan asumir el coste de contratar como personal fijo a un ingeniero o un arquitecto. «Las administraciones públicas comprometidas con el desarrollo rural deberían ser capaces de encontrar una solución a esta cuestión, sin comprometer la labor de servicio público que prestan los profesionales afectados por la medida adoptada», señaló a
Levante-EMV Juan Manuel Batiste, decano de la institución. Un servicio que ve «insustituible» y que afectaría a la vida diaria de los vecinos de estos pueblos.
Representantes de los colegios oficiales de arquitectos técnicos y aparejadores mantendrán hoy una reunión con Inspección para tratar de encontrar una solución al conflicto que no pase por el despido de facto de estos profesionales que, en muchos casos, llevan casi 20 años trabajando con los ayuntamientos.
Por su parte, ediles de municipios como Ademuz, con 1.000 habitantes, calificaron la medida de Inspección puramente «recaudatoria» a la que «muchos municipios no podrán hacer frente», como señaló el alcalde, Ángel Andrés. «Habrá pueblos que tengan que recortar sus presupuestos por culpa de esta medida», expuso Loles Cardona, alcaldesa de Benirredrà. «Nosotros no tocaremos ninguna ayuda ni gasto social», añadió.
La máxima representante de este municipio de la Safor explicó que, otro de los inconvenientes que se desprenden de esta sanción de Empleo, que podría costar unos 15.000 euros por pueblo (unos 3 millones en total), es que se ingresa automáticamente en el registro de morosos, «y podríamos perder subvenciones vitales» para estas localidades.
