CERRAR
El Plan Bolonia aprobado hace 11 años produjo una homogeneización de las titulaciones, despareciendo las licenciaturas (5 años) y las diplomaturas (3 años), a grados (4 años), máster (especialización técnica) y doctorados. Un hecho que no se ha tenido en cuenta en la nueva Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana que entró en Les Corts ayer 1 de marzo y que pretende ser aprobada el próximo 15 de marzo, discriminando a todos los ingenieros de grado de la Comunidad Valenciana e imposibilitando su acceso a la plaza de ingeniero de subgrupo A1 de consellería.
Las convocatorias de la Generalitat para proveer plazas del subgrupo A1 exigen poseer el título grado en ingeniería más máster, requisito que no se exige a los ciudadanos europeos que posean un título de grado, nivel 6 del MECES (Marco Europeo de Cualificaciones) ni a nivel nacional en otras comunidades autónomas. Esto supone la aprobación de una ley contradictoria a otras leyes de entidad superior y un grave agravio a todas las ingenierías que afectará al futuro de todos sus estudiantes y de aquellos graduados que quieran optar a este tipo de oposiciones.
Este hecho ha producido un gran clamor en toda la comunidad universitaria y en todos los colegios oficiales de ingeniería (más de 11.000 profesionales en toda la Comunidad Valenciana) que solicitaron la enmienda de la ley, con la modificación de este anexo que solo afecta a las ingenierías y no al resto de graduados de otras titulaciones, que sí pueden acceder a los subgrupos A1 de plazas de oposición de la Generalitat.
¿Acaso los graduados valencianos no son ciudadanos europeos? ¿Acaso los graduados valencianos son titulados de segunda categoría? ¿Por qué se quiere aprobar una Ley de Función Pública Valenciana que permite estas discriminaciones entre titulaciones?
La aprobación de esta nueva ley supondría poner un escalón más a los grados de ingeniería de cara a optar a estas plazas. Por un lado, no acceder a la categoría A1 de ingenieros, con una formación con la que por ley tiene derecho a ella, supondría limitarles a una escala salarial más baja que la que les corresponde en plaza pública. Por otro lado, supondría obligarles a cursar un máster que suele conllevar un alto precio económico (entre 3.000 y 5.000 €) y de tiempo adicional para una categoría de plaza pública que a nivel nacional no se exige. Supone un agravio comparativo sin paragón con otras titulaciones, otras comunidades autónomas y otros países europeos.
Los colegios oficiales y estudiantes de ingeniería más que reclaman esta modificación son: