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Este plan de acción persigue incrementar la protección de la ciudadanía frente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Específicamente tiene dos objetivos clave: mitigar el impacto de los altos precios de la energía y garantizar la seguridad energética en España.
El Plan +SE parte de un detallado análisis estratégico de la coyuntura energética en España y en la UE y será ejecutado gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de Europa.
Este programa contempla 73 medidas, estructuradas en seis grandes bloques:
Con la ejecución de estas medidas el Gobierno estima producir un ahorro del gas de entre el 5,1% y el 13,5% sobre la demanda nacional (específicamente entre agosto de este año y marzo de 2023). También se prevé mejorar la autonomía energética y aumentar la competitividad de la economía, a la par que elevar las exportaciones energéticas, actuando solidariamente con el resto de la UE. Aunque estas medidas serán implementadas a medio – largo plazo, algunas de estas ya se han aprobado o lanzado en las últimas semanas, como la rebaja del IVA del gas natural desde el 21% al 5% o la reforma de la tarifa eléctrica regulada (PVPC) con el objeto de reducir su volatilidad.
La protección de la población es uno de los elementos clave del Plan +SE, que prevé otorgar una mayor cobertura para el bono social eléctrico y el bono social térmico, aumentando, de este modo, el volumen de población protegida.
Por otro lado, se perseguirá una mayor transparencia. Para ello, las facturas de la luz y del gas de los hogares incluirán información sobre el consumo medio en el distrito y consejos para ahorrar. Además, las familias tendrán apoyo fiscal para implantar sistemas de climatización renovable, se fomentarán los repartidores de costes en calefacciones centralizadas y se instalarán contadores inteligentes de gas natural.
Asimismo, y con el fin de velar por una mayor protección de las comunidades de vecinos, se aprobará un mecanismo de protección para consumidores domésticos de gas que formen parte de comunidades de propietarios con calderas comunitarias. El Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación.
Fomentar el autoconsumo. Se ampliará el programa de ayudas del Plan de Recuperación para fomentar el autoconsumo con 500 M€, se incrementará el actual límite de 500 metros entre la instalación de generación y el punto de consumo para facilitar el desarrollo de nuevos modelos de autoconsumo compartido y se adoptarán otras medidas de apoyo para las aplicaciones compartidas de las comunidades energéticas y las áreas industriales.
Tramitación e implantación de renovables. Se simplificarán los procesos administrativos para la penetración de renovables en el sistema eléctrico. Asimismo, habrá más rebajas fiscales para la adopción de soluciones que permiten sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables.
Red Eléctrica. Se modificará la vigente Planificación eléctrica 2021-2026 para dar viabilidad a proyectos estratégicos y lanzar una nueva Planificación 2024-2029 para integrar más renovables.
Interconexiones. Se reforzarán las infraestructuras energéticas para potenciar la exportación de gas a Francia, Italia y el resto de la UE, y perfila el futuro Corredor Ibérico del Hidrógeno.
Kit verde para PYMES. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) articulará un «Kit verde» para financiar medidas de eficiencia energética y renovables en la Pyme.
Más liderazgo en la administración y las grandes empresas. El Plan de ahorro de la Administración central aprobado en mayo será reforzado, dando más peso de la eficiencia energética –por ejemplo, en la contratación pública– y los sistemas de autoconsumo. Las grandes empresas, podrán presentar planes de contribución al ahorro energético, basándose en los resultados de las auditorías energéticas que ya debían realizar desde 2016.
Fondos Next Generation EU. Un incremento de 1.000 M€ a la dotación del PERTE de Renovables, Hidrógeno Renovables y nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria.