El Gobierno ha aprobado una moratoria excepcional que retrasa hasta julio de 2026 la entrada en vigor de la nueva normativa estatal de seguridad para ascensores en la Comunitat Valenciana. El objetivo es claro: priorizar la reparación urgente de los más de 1.000 elevadores aún fuera de servicio tras las graves inundaciones provocadas por la DANA del pasado octubre.
La decisión se ha tomado tras una reunión clave celebrada en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), con la participación de la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente; el presidente de ASCENCOVAL, Emilio Carbonell; y el director de FEEDA, José Carlos Frechilla Fernández. La medida fue calificada de “excepcional y exclusiva” para la Comunitat Valenciana.
Gracias a esta prórroga, se liberarán cerca de 14.000 horas de trabajo técnico que podrán enfocarse en devolver la movilidad a los edificios afectados, muchos de ellos con personas mayores o con movilidad reducida. Hasta el momento, se han conseguido reparar más de 6.500 ascensores gracias al esfuerzo del sector, a pesar de la escasez de piezas y de personal cualificado.
Torró destacó que “era vital adaptar los recursos técnicos para atender antes la emergencia que las nuevas exigencias normativas”. España, por su parte, subrayó la importancia de priorizar los inmuebles más vulnerables y anunció reuniones semanales con las asociaciones del sector para vigilar de cerca el avance de los trabajos.
Mientras que en el resto de España la nueva normativa entrará en vigor en julio de 2025, la Comunitat Valenciana dispondrá de un año adicional para adaptarse. El objetivo final: que todos los vecinos afectados por la DANA recuperen la movilidad antes de que termine el año.