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Unión Profesional de Valencia (UPdV), asociación que aglutina a más de 40 entidades profesionales de diferentes colectivos, celebra la Jornada “La excelencia profesional colegial contra el intrusismo y la mala praxis” patrocinada por Caixa Popular y el Grupo LAE, en la que demanda la regulación legal de la colegiación.
UPdV organizó una mesa redonda, moderada por su secretaria, Angélica Gómez, en la que participaron cuatro expertos de diferentes campos, como salud, técnico, empresarial y jurídico. Todos ellos coincidieron en criticar la condena que se impone al que ejerce sin título, ya que conlleva una sanción irrisoria que contrasta con el grave peligro que ello supone.
Los ponentes explicaron con ejemplos prácticos las situaciones que enfrenta la población cuando decide contratar servicios con 'pseudoprofesionales'. Estos, que carecen de colegiación profesional, pueden generar importantes perjuicios económicos y, en casos de salud, causar graves consecuencias físicas y psíquicas a los usuarios y clientes. La mayoría de las veces, los contratantes experimentan también una inseguridad absoluta al quedar sin protección legal ni jurídica.
No obstante, los expertos han coincidido en la falta de interés y la indiferencia de la Administración pública en cuanto a solicitar la colegiación. En particular, en muchos casos, es la propia Generalitat Valenciana o la Administración provincial o municipal, desde sus distintas áreas, quien contrata directamente a los profesionales sin verificar su pertinente colegiación y de si pueden ofrecer las garantías necesarias.
En la jornada, se concluyó que la Administración debería velar por la profesionalidad y las garantías legales establecidas por la colegiación. Unas protecciones que se materializan en el seguro de responsabilidad civil y que, cuando no se solicitan, privan a la población de protección. En consecuencia, se ha pedido una mayor cooperación y la implementación de sanciones efectivas en casos como la suplantación de identidad. De hecho, durante la jornada, se ha abogado también por una regulación legal de la colegiación, especialmente en los casos en que la sea obligatoria para ocupar ciertos trabajos, como en el ámbito de la salud.
Los expertos han recordado que contratar a un profesional colegiado garantiza la excelencia y la ética en su desempeño, lo que contrasta con el preocupante actual aumento de casos de intrusismo profesional. Además, se ha defendido el papel de los colegios profesionales como garantes rigurosos de los códigos de conducta que sus miembros deben cumplir para garantizar la calidad de los servicios que brindan. Esto supone simplemente la defensa de la excelencia y protección de los intereses de la ciudadanía.