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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, en su labor por la defensa de la profesión y defender los derechos del colectivo, ha denunciado ante los medios de comunicación, que el embudo administrativo en la concejalía de Espacio Público del Ajuntament de València está provocando que centenares de empresas que se quieren implantar e iniciar la actividad en València, están paralizando sus inversiones o las demoran.
Esto es porque para iniciar cualquier tipo de actividad en la Comunidad Valenciana según la ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades, es necesario solicitar al consistorio un documento administrativo: el Certificado de Compatibilidad Urbanística (CCU) y actualmente, tarda un año o más en obtenerse.
COGITI Valencia explica que cuando solicitas el CCU pasados 30 días puedes presentar el proyecto de actividad y obras junto con la declaración responsable (según el instrumento ambiental de aplicación). Aseguran que, el problema es que el consistorio puede contestar pasado el plazo del silencio administrativo e incluso una vez terminadas las obras y hacer un requerimiento, respecto a dicha compatibilidad urbanística, que ya no se pueda subsanar o que haga inviable el proyecto. Es por ello por lo que los inversores deben esperar a obtener el CCU, pero cuando el plazo de su obtención se dilata en el tiempo, como está pasando actualmente, estos deciden no llevar a cabo la inversión por la inseguridad jurídica que conlleva.
Se estima que este retraso está ocasionando la pérdida de más de 50 millones de euros y más de 200 puestos de trabajo en empresas que se quieren implantar en València.
Según se ha podido constatar mediante conversaciones con distintos colegiados “el Ajuntament tardaba en otorgar el CCU entre 15 días y un mes y medio. Ahora, en cambio para hacer grandes proyectos como un coworking, hoteles, fábricas o discotecas, por poner un ejemplo, están tardando 1 año o más. Además, pasado este tiempo, cuando la administración contesta, se iniciará el trámite de la licencia urbanística que caso de no ser por declaración responsable, supone una demora adicional al inversor de un año para que se le conceda”.
Desde COGITI Valencia se denuncia que “estos retrasos son inadmisibles ya que está provocando que muchos inversores y promotores se estén llevando sus proyectos a otras ciudades”, como ahora a Málaga o Granada.
El Colegio ha tendido la mano al Ajuntament de València en varias ocasiones para ayudar a resolver expedientes administrativos ya que, al ser una corporación de derecho público, tenemos la capacidad legal de poder colaborar con el consistorio para resolver expedientes, como, por ejemplo, compatibilidades urbanísticas de licencia de actividad, y esto agilizaría el trabajo acumulado de los funcionarios municipales.